La Fundación querelló a Daniel Leiva, juez de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
CEDJUS tiene por objeto la buena marcha de la administración de Justicia y la vigilancia del Poder Judicial.
Desde hace doce años trabaja en la provincia de Tucumán en sus tres áreas, sin apoyo estatal, sin recibir subsidios del sector público ni aportes privados.
Su accionar es incuestionable y está guiada por una clara finalidad de bien público.
En Tucumán el Poder Judicial prodiga protección y encubrimiento a funcionarios públicos (legisladores, intendentes, fiscales, jueces).
El Ministerio Público archiva las denuncias penales que los ciudadanos formulan contra jueces, fiscales y miembros del Consejo Asesor de la Magistratura.
El mismo jefe de los fiscales -Edmundo Jiménez, alias “Pirincho”- ha sido denunciado por graves delitos (caso Téves y otros) que ninguno de sus subordinados ha investigado encubriendo a sus hijos y allegados.
El servicio de justicia está severamente afectado por el accionar de quien –paradójicamente- debe establecer las políticas de persecución penal en la provincia.
El Poder Judicial ha descendido al Hades de la degradación institucional: nepotismo, ñoquis, designaciones arbitrarias de jueces, fiscales y defensores, licitaciones de obras direccionadas, falta de transparencia, y otros escándalos.
Asumimos el rol de querellante para dejar al descubierto –una vez más- que en Tucumán existe una red de impunidad en la Justicia.
La conducta del imputado Leiva afecta intereses de la comunidad, conmueve el principio republicano de independencia del poder judicial, la vigencia del Estado de Derecho, de la Constitución Nacional, de los Tratados Internacionales, de las leyes y de los derechos humanos.
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